Hace 10 años, el juez instructor de la Audiencia Nacional Del Olmo decretaba laclausura temporal del periódico Egunkaria. Este diario era el único que publicaba sus contenidos únicamente en euskera y la justicia española consideró que colaboraba con ETA y, por tanto, el cierre estaba más que justificado. Diez personas que trabajaban en él fueron detenidos y varios de ellos denunciaron que habían sido torturados por la Guardia Civil, hecho que posteriormente no fue investigado. En 2010, la Audiencia Nacional concluía que el cierre había sido totalmente injustificado, los detenidos no tenían la mínima vinculación con la banda terrorista y se había vulnerado la libertad de prensa.
La semana pasada, la Audiencia Nacional decretaba el cierre de la web Ateak Ireki por presunta vinculación con la plataforma Herrira ilegalizada hace unos meses. Los responsables de este portal consideran que el motivo no ha sido otro que el contenido crítico y la búsqueda de un cambio político y social que caracterizaba sus publicaciones. Sorprende bastante que los grandes medios de comunicación de este país, tan preocupados acerca de la libertad de prensa y de expresión en algunos países latinoamericanos, apenas se hayan hecho eco de este cierre.
También la semana pasada, la Audiencia Provincial de A Coruña absolvía a todos los acusados por la catástrofe medioambiental del Prestige. De esta forma, nadie fue responsable de lo sucedido o, al menos, nadie deberá rendir cuentas por ello. Para completar la semana, la Fiscalía Anticorrupción entregaba al juez del caso Noos un escrito en el cual se opone a la imputación de la infanta Cristina por fraude fiscal o blanqueo de capitales.
En estos días, la noticia estrella es la intención de llevar a cabo una ley de seguridad ciudadana por la cual se podría llegar hasta sanciones de 600.000 € por convocar una protesta ante el Congreso o 30.000 € por insultar a un policía. En definitiva, bajo el argumento de la seguridad se limitarían las libertades y derechos civiles de los que poseen los ciudadanos. No obstante, no es tan raro si tenemos en cuenta que para un miembro de este partido pedir 5 años por el tartazo a Barcina es poco.
Realmente tampoco hay que ser tan alarmista teniendo en cuenta que Freedom House da la máxima calificación de libertad a la democracia española.

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