http://www.lamarea.com/2013/10/17/seguridad-privada/
El nuevo Proyecto de Ley de seguridad privada propuesto por el gobierno pretende subordinar materias de seguridad y control ciudadana a organismos y empresas privadas, que a través de un mecanismo de externalización de funciones del Estado realizarán estas funciones que hoy en día únicamente son ejercidas por la policía y cuerpos de seguridad del Estado. Si ya está en pié la falta de autonomía de estos cuerpos que deben estar al servicio de sus ciudadanos, esta nueva medida constata, no solo el proceso de privatización y puesta del servicio policial a poderes económicos y políticos, sino la masiva ola de desestructuración el Estado social y una privatización de todas sus funciones.
Es un proceso dónde impera una ideología, más que política económica, que refuerza el poder social de organismos y empresas privadas, vinculadas mediante un entramado potente y un sistema corporativista a las élites políticas que en el papel representan a los ciudadanos.
La justificación del Gobierno, que remite a que es necesario supeditar estas entidades privadas a la autoridad superior del cuerpo policial del Estado, es sin duda alguna vaga en argumentos, pues , en primer lugar, si es necesario el aumento de estas funciones de control y seguridad por parte del Estado, sería conveniente aumentar estas funciones desde dentro de él, es decir, contratando un mayor número de policía y cuerpos de seguridad, pero esto contradice la limitación y cierre de nuevas plazas a este organismo que se está produciendo a través de las oposiciones. En segundo lugar, la explicación por parte del Gobierno para no realizar estas nuevas contrataciones públicas y el crecimiento del organismo, es que este aumento o crecimiento acarrea un aumento del gasto por parte del Estado y que en ningún caso puede suceder eso en una coyuntura de austeridad. Este razonamiento, sería falto en credibilidad pues el mismo desembolso público se realizaría para la contratación de la empresa externa, que además no se ceñiría a un proceso de selección como el del resto de fuerzas de seguridad sino que además estos contratos responden a una lógica, como antes citada, corporativista y, vulgarmente hablando, “amiguista”.
Por lo tanto, esta nueva propuesta responde a esa ideología liberal, que supone potenciar un modelo social basado en la empresa, donde se trata de desmantelar el Estado social, las funciones públicas para que rijan lógicas del mercado monopolista, especulativo y corporativista. El gobierno no solo responde a esta ideología desde sus políticas sino que además se verifica en todo un entramado de relaciones político-empresariales que mantienen las élites de este Partido.
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